Mollà destaca a los impositores de la CAM el derecho que tienen a disponer de toda la información sobre sus productos

La diputada de Compromís y portavoz de Compromís per Elx, Mireia Mollà, destacó ayer a los impositores de la CAM que tienen todo el derecho a reclamar en sus oficinas la información sobre los productos tóxicos que les vendieron, una acción que Mollà considera importante para que los afectados entiendan mejor cuál es la situación que atraviesan y, sobre todo, cuál puede ser la posible solución que les den.

La diputada de Compromís, que es miembro de la Comisión de Investigación sobre la CAM en Les Corts, ofreció ayer en el Casal Jaume I de Elche una charla que llevaba por título La situación actual de la CAM. El acto, que fue presentado por el miembro de Compromís per Elx Carlos Conejo, contó con una gran afluencia, especialmente de personas afectadas por los productos tóxicos de la CAM.

Mireia Mollà explicó que “en 2004 se creó una figura financiera, introducida por el PP en el Gobierno central y desarrollada después por el PSOE, para que las cajas jugaran a ser bancos en un mercado secundario. Sin embargo, estos productos, las cuotas participativas, que se vendieron como generadores de grandes beneficios, no otorgaban derechos a los inversores, de forma que cuando la CAM ha quebrado estos pequeños impositores son los últimos en poder cobrar su dinero”. “Por lo tanto, se puede decir que la CAM ha jugado a ser un banco con la confianza de los pequeños inversores”, ha añadido.

La diputada y portavoz de Compromís per Elx ha indicado que “después del rescate de la entidad financiera lo primero que se hizo fue separar el núcleo de la CAM en dos partes. La primera de ellas es el Banco CAM, que se queda los depósitos ordinarios, las participaciones preferentes, obligaciones, deuda subordinada, etc. y que es la parte que se quedará el Banco Sabadell. La segunda es la CAM, que se donde se mantienen las cuotas participativas y la obra social”.

Mollà ha señalado que estos pequeños inversores que ahora tienen su dinero atrapado “son víctimas de este proceso y no responsables y, como tal, tienen todo el derecho a ir a la sucursal y pedir una copia del expediente sobre su producto para saber de cuál de ellos disponen, ya que cada uno puede tener diferentes soluciones. Si no les dan este expediente pueden reclamar un recibí que acredite que se ha pedido esta información que la CAM tiene la obligación de dar en 72 horas”.

La diputada y portavoz de Compromís per Elx resaltó que la venta de estos productos tóxicos tendría que haber ido acompañada de un folleto informativo que explicara sus riesgos, una información que no fue facilitada a la mayoría de impositores y que sería el origen del engaño a estas personas.

Mireia Mollà ha afirmado que “es muy importante que los afectados hagan un seguimiento constante de las informaciones que van apareciendo y es muy importante también que se asesoren –a través de un familiar o una plataforma- y sean críticos y actúen, ya que no hay más miedo para un poderoso que tener todos los días a un grupo significativo de personas quejándose”.

En cuanto a la quiebra de la caja, ha apuntado que “el caso de la CAM no se escapa de lo que es un problema general de crisis financiera, pero en este caso la diferencia está en que la CAM no era un banco, sino una caja de ahorros que tenía por objetivo el beneficio social y no el puramente económico y especulativo, que es el que ha primado durante los últimos años y ha hecho que lo único que le quede ahora sean urbanizaciones fantasmas”.

“A la vez nos encontramos con que en la CAM ha tenido unos dirigentes con muy poca vergüenza , que han pasado de no recibir ninguna retribución a embolsarse 80.000 euros en un año por reunirse un par a veces y estamos hablando de unas personas que no ocupan estos cargos para ser los mejores economistas ni los mejores gestores, sino porque los han designado las instituciones públicas, en este caso a través de PP y PSOE, para hacer un control que no han realizado”, ha aclarado Mireia Mollà, que ha criticado también que hayan fallado dos organismos de control como son el Instituto Valenciano de Finanzas y el Banco de España.

Respecto a la Comisión de Investigación de Les Corts, que es la que trata de esclarecer las responsabilidades políticas de este caso, la diputada de Compromís y portavoz de Compromís per Elx ha asegurado que la coalición “trabaja para conseguir una hoja de ruta que depure las posibles responsabilidades penales que deriven de la mala gestión, para que se garantice la obra social y también los derechos de los trabajadores y de los impositores”.

Arxivat en: Economia i Ocupació

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